Integrantes de la organización ciudadana La Laguna sin amoníaco llevaron a cabo una jornada de recolección de firmas en la comunidad de Sapioriz, Durango, como parte del proceso legal para interponer un amparo en contra de la edificación de la planta petroquímica Fermachem de Grupo Fermaca.
Durante el recorrido por el sector directamente aledaño al sitio proyectado para la obra, representantes del colectivo respaldaron a los habitantes locales, quienes acudieron de manera voluntaria a plasmar su rúbrica en rechazo a los intentos de persuasión por parte de personal de la empresa y del Ayuntamiento de Lerdo, exigiendo la presencia de especialistas e información técnica real sobre los riesgos de operación de la infraestructura.
Una representante de La Laguna sin amoníaco detalló que los pobladores mostraron preocupación ante los peligros latentes de una eventual fuga de amoniaco debido a la cercanía con sus viviendas y al funcionamiento ininterrumpido que tendría el complejo industrial. Asimismo, denunció que los habitantes han enfrentado opacidad institucional y temor a posibles represalias al cuestionar la instalación del proyecto en su territorio, sumado al malestar por la falta de fiscalización sobre irregularidades ya existentes en el área natural protegida.
“Si el ayuntamiento y las autoridades ambientales no tienen la capacidad ni la voluntad de controlar el acceso de vehículos prohibidos en un área protegida, ¿cómo pretenden que el pueblo confíe en que supervisarán una planta de amoníaco altamente peligrosa?”
Como parte de la estrategia para escalar la protesta a nivel nacional, la agrupación enviará hacia la Ciudad de México el paquete con los miles de documentos y firmas recabados desde el mes de agosto hasta mediados de octubre. Integrantes del colectivo se movilizarán este miércoles a las instalaciones centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para entregar formalmente las quejas ciudadanas y canalizar también los expedientes correspondientes ante la Convención de Sitios Ramsar en Suiza, solicitando la intervención internacional para la protección del ecosistema del río Nazas.
En el plano financiero, la organización activó una cuenta de donaciones exclusiva para solventar los gastos operativos del traslado a la capital del país, así como para la impresión de insumos legales, materiales de difusión y el constante transporte terrestre hacia las comunidades rurales de La Laguna. La vocera del movimiento reiteró que la lucha social se sostiene de manera independiente y llamó a la solidaridad de la población para mantener los recursos jurídicos y el activismo de campo.
“Nos dolió mucho escuchar que tienen cierto miedo de alzar la voz por temor a represalias. Nos topamos con una barrera de opacidad, donde las autoridades, en vez de informar con transparencia, están provocando que la gente tema por cuestionar lo que pasará en su propio territorio.”
La movilización de los activistas ante las dependencias federales buscará sentar un precedente legal que detenga la edificación del complejo químico, tomando como referencia otros procesos judiciales logrados en el país para frenar proyectos de alto impacto ambiental. Asimismo, la organización se comprometió a mantener el trabajo territorial en los ejidos cercanos al Cañón de Fernández para acompañar a los pobladores, impulsar campañas comunitarias y garantizar la defensa integral del ecosistema regional.
Kathia Torres