El próximo 28 de agosto, el presidente de Grupo Orlegi, propietario de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, fue citado a una audiencia inicial de proceso tras los escándalos relacionados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que la Fiscalía General de la República ejerció acción penal en su contra por presunta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.
Ante esto, el Club lanzó un comunicado manifestando que hará valer sus derechos y la razón que les asiste, destacando que no tienen ninguna adeuda con Hacienda. Y es que, según el Diario Reforma, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que los directivos realizaron una estrategia para no retener ni pagar el ISR de 54 millones de pesos que fueron pagados a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Esto por parte de Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas.
Según dicha información, los beneficiados de los recursos fueron directivos como José Manuel “El Chepo” de la Torre y Benjamín Galindo, además de jugadores como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco, Diego de Buen, Javier Abella y Julio César Furch, entre otros.
En la denuncia por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) también se involucra a José Alfredo Jiménez Tejeda, vocal y apoderado general del club. Por lo que, si Alejandro Irarragorri es vinculado a proceso, podrá enfrentarlo en libertad provisional porque el delito no amerita prisión preventiva.
Fue el 2 de mayo del presente año que Nallely Ramírez Sepúlveda, fiscal de la FECC, solicitó formalmente al Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, con sede en Torreón, que se emita un citatorio para que Iraragorri comparezca en una diligencia judicial.
En su solicitud, la Fiscalía indica que busca imputar a Iraragorri y solicitar su procesamiento penal en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Santos Laguna S.A. de C.V. Esto se basa en la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-COAH/0000859/2023, iniciada el 31 de marzo de 2023.
La acusación se refiere a una defraudación fiscal que, conforme al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, puede sancionarse con una pena de 3 a 9 años de prisión. La FGR aclara que el delito habría sido cometido de manera instantánea, dolosa y como autor material.
Según las autoridades fiscales, los directivos habrían diseñado una estrategia para evitar la retención y el pago del ISR sobre ciertos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias por riesgo de trabajo, las cuales están exentas de dicho impuesto por ley.
Además, utilizaron un “contrato colectivo” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos de la República Mexicana para efectuar estos pagos.
La Fiscalía argumenta que Santos Laguna realizó estos depósitos sin que los trabajadores cumplieran con los requisitos para ser considerados en riesgo de trabajo, como haber sufrido un accidente o enfermedad.
