Nadie se enteró y a casi ninguno importa, pero en días pasados fueron liberadas las evaluaciones de los comités que representan a cada poder del Estado de Coahuila, dentro del proceso electoral para votar por los próximos jueces y magistrados locales.
Se trata de una sábana con nombres acompañados por un número como calificación final. Ya masticada y procesada, para no batallar.
Ahora bien, si en los tiempos que se viven las redes sociales provocan una falsa sensación de acompañamiento, en este caso los documentos citados generan una falsa ilusión de escrutinio entre quienes escrudiñan los asuntos públicos. De transparencia. Como si al verlos nosotros, como espectadores y presuntos validadores de la mercancía, pudiésemos hacer algo al respecto, o en realidad supiéramos qué sucede puertas adentro de cada comité (si acaso se reunieron en realidad a deliberar, pues por lo menos en los oficios no aparecen las firmas de puño y letra de los responsables -pequeño detalle-).
Para el resto, la gran mayoría, el tema pasa de noche y siguen escuchando a todo volumen La Boda del Huitlacoche.
En defensa de su función, los comités dirán que no se comprende la labor que desarrollan o que sus atribuciones están mal entendidas. Cualquier cosa que suene interesante e implique disfrazar de actividad intelectual lo que no tiene resultados concretos.
Sin embargo de qué le sirve a usted o a mí, por ejemplo, saber que Valeriano Valdés Cabello obtuvo en el ranking del Poder Legislativo 147.75 puntos, 141.25 en el Poder Ejecutivo y 136.25 en el Poder Judicial.
O que Ángel Berkowitz, el único panista en el listado (públicamente y sin que le cause vergüenza admitirlo) haya sido uno de los aspirantes peor evaluados (¿en sintonía con el estado actual del partido albiazul en Coahuila?) con 98 puntos en el Poder Legislativo.
En cambio no hubo evaluaciones a los magistrados en funciones, como Miguel Mery. ¿Para que no se prestasen a escarnio?, es la pregunta.
En la lista sólo fueron considerados quienes obtuvieron por lo menos 80, es decir, “los mejor evaluados”. La cifra final se compone de supuestos méritos ya condensados (experiencia profesional da 50 puntos, académica 30 puntos, y honestidad y buena fama pública hasta 20 puntos). A ello había que sumar otros 80, al contar los aspirantes con un “certificado de perfil judicial idóneo” (todos ya contaban con este último, pues haber llegado a esa fase del proceso suponía poseer dicho documento).
En dicho proceso subjetivo, cabe señalar, hubo tres días para manifestar “lo que a su derecho convenga”, como se menciona en el argot abogánsteril. El periodo para la recepción de la “opinión ciudadana” fue del 20 al 22 de enero mediante un formulario de Google, el cual tenía que ser redirigido luego al propio Poder Judicial, independientemente que el aspirante haya sido registrado en el Poder Legislativo, o el Poder Ejecutivo.
Sólo 72 horas para ‘basurear’ a un aspirante, o llenarle de flores artificiales y caricias compradas.
Una participación acotada, justo es decirlo.
Cortita y al pie
Simular en Coahuila es forma de vida, costumbre, manía, pasatiempo, negocio. Todo a la vez. Aunque justo es decirlo, no se trata de una situación exclusiva del estado, sino el denominador común entre sus pares, las entidades federativas, salvo curiosas excepciones.
Se elegirán nueve de las 13 magistraturas que conforman el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que cuatro permanecerán hasta 2027. Lo que sí es relevante, por ejemplo, es que a partir de 2026 habrá tres posiciones para Luis Efrén Ríos en el Pleno del Tribunal, pues al no postularse en 2025 como candidato (en ningún momento ha sido explicado el mecanismo para decidir a los favorecidos que no están obligados a dejar su puesto este año y permanecer en la nómina) pasará de una magistratura unipersonal, a tres votos, al sumar el suyo, el de María del Carmen Galván Tello, y el de Magdalena “Maleny” López Valdez, su ex empleada, quien ha sido proyectada como la mejor evaluada entre las mujeres por el comité del Poder Legislativo, con 145.75 puntos (por 123 del Judicial y 122.75 del Ejecutivo).
¿Conviene para efectos de correlación política y de fuerzas que ocupe éste una cuarta parte del órgano jurisdiccional?
La última y nos vamos
Desde que siguen el juego de palabras al wokeísmo y se llaman a sí mismos “persona juzgadora”, en el mismo tono de otras aberraciones de género como “persona gestante”, desde ahí, todo está perdido.
Por lo demás, el resultado no será muy diferente a lo que simboliza en esencia una elección popular entre partidos políticos: elegir lo que otros ya eligieron de antemano.
Nadie se enteró y a casi ninguno importa, pero en días pasados fueron liberadas las evaluaciones de los comités que representan a cada poder
