A decir de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en México, urge transformar la gestión pública y los trámites para hacerlos más eficientes, accesibles y transparentes.
Por lo anterior, aseguraron respaldar toda iniciativa que busque reducir la carga burocrática, simplificar trámites y aprovechar la tecnología para facilitar la vida de las personas y de las empresas, especialmente para las MiPymes, que fomente la competitividad y fortalezca la confianza en las instituciones.
“Estamos convencidos de que un gobierno más ágil y moderno es indispensable para detonar la inversión, y dinamizar los procesos productivos, especialmente en un contexto de relocalización de cadenas de valor”
Dijeron reconocer el valor de la propuesta presentada por el Gobierno de México, que plantea una Ley Nacional orientada a digitalizar y simplificar hasta el 80% de los trámites en los tres órdenes de gobierno.
“Este esfuerzo, bien ejecutado, con visión y voluntad política, puede representar un parteaguas en la relación entre ciudadanía y gobierno, y una oportunidad para reforzar el servicio público como instrumento para el desarrollo nacional inclusivo”
Expusieron que para que esta estrategia tenga éxito, se deben asignar los recursos humanos y presupuestales suficientes para garantizar que los sistemas funcionen eficientemente, comenzando por corregir las fallas e “intermitencias” en diferentes dependencias del gobierno federal.
“Vemos con inquietud que se pretenda sacrificar herramientas que han demostrado su efectividad para asegurar la transparencia y la calidad normativa; específicamente, mecanismos como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), la Consulta Pública y el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, pilares de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria que han contribuido a elevar los estándares de gobernanza y coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno”
Opinaron que eliminar estos instrumentos implicaría un grave retroceso que pone en riesgo años de avances construidos a partir del diálogo y la cooperación entre autoridades, ciudadanía y sector productivo.
“La desaparición del Observatorio, por ejemplo, significaría perder una plataforma imparcial que evalúa el avance de las entidades y municipios en la aplicación de políticas de mejora regulatoria. Su trabajo ha sido fundamental para visibilizar brechas, compartir buenas prácticas y fomentar la rendición de cuentas, siendo incluso la base para el diseño de políticas públicas a nivel local”
Asimismo, suprimir el Análisis de Impacto Regulatorio y la Consulta Pública negaría el derecho de las personas a conocer y opinar sobre nuevas regulaciones que pueden impactar su vida cotidiana y su actividad económica.
“Ambos mecanismos son esenciales para asegurar que cada norma tenga justificación técnica, relevancia social y viabilidad económica. Además, son prácticas reconocidas a nivel internacional y forman parte de compromisos adquiridos por el país en tratados como el T-MEC y el suscrito con la Unión Europea”
Desde su perspectiva, la digitalización debe facilitar los trámites, sin sustituir la colaboración ciudadana ni disminuir los mecanismos de evaluación independientes.
“Por el contrario, debe reforzar la inclusión, la transparencia y la rendición de cuentas. Reiteramos nuestra disposición a trabajar con las autoridades para mejorar procesos, reducir cargas y acelerar trámites, pero insistimos en la necesidad de mantener las herramientas que aseguren que toda reforma regulatoria tenga un impacto positivo y duradero”
