— Ante las críticas del senador Gerardo Fernández Noroña por la presencia de aspirantes con presuntos antecedentes penales en la elección judicial de 2025, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo no tiene facultades para definir la idoneidad legal de los participantes.
Durante una conferencia de prensa, Taddei explicó que, una vez concluidas las evaluaciones, el INE entregará los resultados al Senado y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes deberán determinar si los aspirantes cumplen con los requisitos legales para permanecer en la contienda.
La polémica se enmarca en el nuevo esquema de elección judicial “semidemocrática”, aprobado en la reforma judicial de 2024, que permite a la ciudadanía votar por magistrados y jueces federales. Este modelo ha sido cuestionado por especialistas del Wilson Center, quienes advierten sobre los riesgos a la independencia judicial y la influencia política en la selección de perfiles.
El INE se encuentra a cargo de organizar los comicios del próximo 1 de junio, en los que se disputarán 881 cargos judiciales federales, incluyendo nueve posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, se solicitó un presupuesto de más de 660 millones de dólares y se diseñó una boleta específica para cada tipo de cargo.
El tema ha generado reacciones en redes sociales. Usuarios como @Arturo14292212 y @RAMFANVILLAR han expresado desconfianza en los mecanismos de verificación de antecedentes, mientras que otros, como @elozanoo90, cuestionan qué ocurrirá si se anulan candidaturas ya aprobadas.
Aunque Noroña admitió fallas en la revisión de perfiles, también advirtió sobre los riesgos de seguridad que enfrentan los aspirantes en un contexto de violencia política, con 231 asesinatos relacionados con procesos electorales tan solo en 2024. Ante ello, el Senado analiza brindar protección federal a los participantes, como parte de las medidas preventivas para el desarrollo de este inédito proceso.
Taddei concluyó que el INE actuará conforme al marco legal vigente y reiteró que la validación final de los aspirantes no corresponde al instituto, sino a los órganos facultados para garantizar la legalidad del proceso.
