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La Suprema Corte debe mediar, no confrontar como lo hace la administración actual: Ana María Ibarra

Durante el diálogo con representantes del sector productivo, argumentó que la certeza jurídica no sólo favorece la inversión, sino que también fortalece el tejido social.

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En una serie de encuentros con sociedad civil, comerciantes y empresarios de Nuevo León, Ana María Ibarra, candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó que un Poder Judicial fuerte y confiable es esencial para garantizar la estabilidad económica y financiera del país. En un entorno polarizado, dijo, “la Suprema Corte está para pacificar conflictos, no alargarlos y mucho menos fomentarlos”.


Durante el diálogo con representantes del sector productivo, argumentó que la certeza jurídica no sólo favorece la inversión, sino que también fortalece el tejido social.

Por ello, insistió en que la elección del 1 de junio representa una oportunidad histórica para renovar al Poder Judicial con perfiles que prioricen la mediación, el diálogo y la construcción de soluciones.

“La Suprema Corte debe ser factor de mediación y diálogo, no repetir las conductas de confrontación de la administración actual”, señaló, al destacar la necesidad de cambiar el tono y el enfoque institucional.


Ibarra también defendió la reforma judicial como un paso necesario para acercar la justicia a la ciudadanía. A su juicio, el nuevo modelo permitirá que los ministros y ministras respondan mejor a las necesidades sociales.

“De ahí la importancia de ejercer un voto informado, de conocer bien a las y los candidatos y de elegir a quienes tienen mejor preparación y experiencia”, expresó, haciendo un llamado a la responsabilidad democrática del electorado.


Más tarde, en el Foro Conocer, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, compartió su visión sobre justicia con equidad, sentido social y responsabilidad institucional.

Explicó que la justicia no puede tratar igual a quienes han vivido desigual, y que la Corte debe ser capaz de reconocer las barreras estructurales que impiden a muchas personas ejercer plenamente sus derechos.


“No se trata solo de aplicar la ley, sino de entender el contexto de cada persona”, explicó al describir su propuesta de juzgar con perspectiva, eliminar normas discriminatorias y construir precedentes que transformen.

Subrayó que una justicia con sentido social es aquella que resuelve sin tecnicismos innecesarios, escucha a la ciudadanía y se convierte en un motor real de cambio.

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