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Exigen solución al conflicto con ejidatarios de San Agustín

Decenas de padres de familia y maestros del plantel educativo exigieron a las autoridades educativas una pronta solución al conflicto que ha dejado sin clases a cientos de alumnos.

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Una nueva manifestación tuvo lugar este lunes a las afueras del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) número 83, ubicado en la antigua carretera Torreón–San Pedro.

Decenas de padres de familia y maestros del plantel educativo exigieron a las autoridades educativas una pronta solución al conflicto que ha dejado sin clases a cientos de alumnos.

Y es que desde hace varios años, el terreno donde se encuentra construido el plantel ha sido motivo de disputa legal entre autoridades y ejidatarios del ejido San Agustín, quienes reclaman el pago correspondiente por esas tierras. 

Como medida de presión, los ejidatarios han tomado las instalaciones de forma intermitente, impidiendo el acceso tanto de estudiantes como de personal docente y administrativo.

Los ejidatarios aseguran que nunca recibieron el pago por la venta o cesión del predio en el que se construyó el CETIS 83, y aunque han tenido acercamientos con representantes gubernamentales y educativos, no se ha llegado a una resolución definitiva. 

Por su parte, padres de familia denuncian que sus hijos llevan años sufriendo las consecuencias de un problema que no les corresponde y que ya ha afectado el desarrollo académico de varias generaciones.

Debido a la ocupación del plantel, en varias ocasiones se ha tenido que recurrir a clases virtuales o a trasladar grupos a instalaciones alternas, como salones prestados por otras escuelas o espacios comunitarios, lo cual ha generado una evidente disminución en la calidad educativa. 

Profesores señalaron que esta situación también ha complicado la planeación académica y el seguimiento de los programas educativos.

Los manifestantes exigieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales, especialmente de la Secretaría de Educación Pública y del gobierno del estado de Coahuila, para que se atienda de manera legal y definitiva la situación del terreno.

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