Washington.- Mediante informes de inteligencia cruzados, cooperación interinstitucional y análisis de fuentes clasificadas, el gobierno de Estados Unidos ha confirmado la existencia y reciente activación de una herramienta operativa conocida como la “Lista Marco”, nombrada así en honor a su principal impulsor, el actual secretario de Estado, Marco Rubio.
La lista incluye a 44 figuras políticas, administrativas y militares mexicanas -tanto en activo como retiradas- identificadas por agencias estadounidenses como presuntos colaboradores, beneficiarios o protectores de organizaciones criminales transnacionales, en particular cárteles del narcotráfico y redes paralelas de contrabando en sectores fiscal, energético y financiero.
A diferencia de otros mecanismos de cooperación bilateral, la “Lista Marco” no forma parte de ningún acuerdo suscrito con México, y se basa en leyes internas de seguridad nacional de EU, como el Patriot Act, la legislación sobre organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y el marco de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El instrumento opera bajo control directo del Departamento de Estado, con apoyo del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y la CBP, lo que le otorga efectos inmediatos sin necesidad de intervención judicial mexicana.
Medidas inmediatas
Entre las sanciones aplicadas destacan:
• Cancelación de visas personales, diplomáticas y comerciales, incluso a familiares directos.
• Interrogatorios prolongados y detenciones administrativas en puntos de entrada a EU.
• Congelamiento preventivo de cuentas bancarias, propiedades y operaciones financieras.
• Notificaciones confidenciales al gobierno mexicano a través de acuerdos de intercambio financiero.
• Prohibición futura de operar con instituciones estadounidenses.
El primer caso visible fue la cancelación de visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, el empresario Carlos Torres, acusado de operar redes de financiamiento político ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de lavado de dinero mediante licitaciones y contratos públicos en el norte del país.
Poco después, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue detenido junto con siete colaboradores en el puerto fronterizo de Brownsville, Texas. Tras más de 14 horas de interrogatorio, fueron notificados formalmente de la revocación de sus visas bajo cargos de colaborar con una estructura municipal controlada por el Cártel del Golfo, considerada entidad asociada a una organización terrorista extranjera.
Blanco político: Morena, pero no exclusivamente
Aunque la mayoría de los implicados están vinculados al partido en el poder, Morena, la lista también incluye figuras de otras fuerzas regionales. La estrategia parece ser selectiva y progresiva, dirigida a estructuras políticas con presunta complicidad con el crimen organizado.
Entre los nombres destacan:
Gobernadores en funciones:
• Alfonso Durazo (Sonora)
• Rubén Rocha Moya (Sinaloa)
• Layda Sansores (Campeche)
• Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán)
• Miguel Ángel Navarro (Nayarit)
• Américo Villarreal (Tamaulipas)
• Samuel García (Nuevo León)
Exgobernadores y legisladores:
• Enrique Alfaro (Jalisco)
• Ricardo Monreal (Senado)
• Adán Augusto López (Cámara de Diputados)
Funcionarios federales:
• Mario Delgado (Secretario de Educación Pública)
• Clara Luz Flores (Gobernación – Asuntos Religiosos)
• Manuel Bartlett (exdirector de la CFE)
Militares: Cuatro generales, en activo o retiro, con experiencia en inteligencia táctica, logística antidrogas u operaciones conjuntas México–EU.
A nivel municipal también figuran:
• Eduardo Gattás (Ciudad Victoria), vinculado al financiamiento ilegal con el clan Carmona.
• Erasmo González (Ciudad Madero), investigado por lavado de dinero.
• Cruz Pérez Cuéllar (Ciudad Juárez), sospechoso de tráfico de personas a El Paso.
• César Iván Sandoval (San Luis Río Colorado), relacionado con tráfico de armas y combustible.
Testigos clave y operaciones de financiamiento
Fuentes cercanas revelan que el exfiscal de Baja California entregó documentos y declaraciones juradas a autoridades de EU sobre Carlos Torres y otros operadores financieros cercanos a la gobernadora Ávila. El exfiscal, Ruiz Hernández, se encuentra fuera del país tras renunciar en 2021 por amenazas provenientes, supuestamente, del entorno de la gobernadora.
También colabora el senador y exgobernador Jaime Bonilla, ciudadano estadounidense, quien ha hecho denuncias públicas y ha presentado quejas ante oficinas federales en Washington, D.C.
Las investigaciones también apuntan a 15 de los 44 enlistados, vinculados con el contrabando fiscal de combustibles (“huachicol fiscal”) desde Texas, una operación liderada por el empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021 y considerado el principal financiador de la maquinaria electoral de Morena en el noreste del país.
Riesgos y tensiones diplomáticas
El impacto de estas acciones ha encendido alertas por:
• La desestabilización política en estados clave dominados por redes criminales.
• El debilitamiento de instituciones de seguridad y justicia.
• La fractura interna en Morena por la exposición selectiva de algunos cuadros.
• La posible interferencia indirecta en procesos electorales a través de sanciones diplomáticas o migratorias.
• El aumento de discursos que justifican acciones militares unilaterales desde EU,
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su conversación del pasado primero de mayo con el presidente Donald Trump fue tensa y que éste exigió medidas que calificó como “inaceptables”, entre ellas la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en territorio nacional y la entrega de políticos mexicanos con presuntos vínculos criminales.
En esto coincide el columnista de Grupo Zócalo Salvador García Soto, quien en su artículo La lista de Marco: políticos mexicanos en la mira de EU, refiere el listado ya mencionado.
