Ciudad de México.- La directora general del Semanario Zeta Tijuana, Adela Navarro, aseguró que Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, así como su hermano Luis Alfonso Torres Torres, están siendo investigados por autoridades de México y Estados Unidos por su presunta participación en delitos como ‘huachicoleo’, evasión fiscal y lavado de dinero.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Navarro detalló que la investigación publicada por Zeta el pasado viernes se originó tras la divulgación pública, en redes sociales, de que a la gobernadora y a su esposo les habían sido revocadas sus visas estadounidenses. Al consultar con autoridades del Departamento de Estado y la Fiscalía General de la República (FGR), el equipo del medio corroboró que existen dos carpetas de investigación activas, una en cada país.
En Estados Unidos, la indagatoria contra Carlos Torres Torres se realizaría por conspiración para cometer delitos y lavado de dinero. En México, la FGR lo investigaría por un caso de tráfico ilegal de diésel desde Texas, descubierto el 26 de marzo en Ensenada, Baja California, donde fueron asegurados contenedores con casi 800 mil litros de combustible.
Durante la investigación federal en México, un testigo señaló directamente a Carlos y Luis Alfonso Torres Torres como partícipes en el esquema ilícito. El cuñado de la gobernadora fue administrador de la aduana de Tijuana en el sexenio de Felipe Calderón y ambos tienen antecedentes en cargos públicos durante gobiernos panistas.
Según la indagatoria, el combustible ingresaba de manera ilegal a través de la aduana de Ensenada. En el expediente se detalla que agentes aduanales lo registraban como desecho, aceite o incluso agua, permitiendo así su entrada sin pagar los impuestos correspondientes, lo que constituye un presunto delito de evasión fiscal.
Inhabilitar al círculo cercano
Navarro explicó que la revocación de la tarjeta SENTRI —documento que permite un cruce ágil hacia Estados Unidos— fue notificada por correo electrónico al esposo de la Gobernadora. Días después, alrededor del 30 de abril, autoridades estadounidenses le retiraron físicamente la visa B2 (de turista), un proceso que también implicó su destrucción inmediata y que Torres tuviera que regresar a territorio mexicano.
De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por Zeta, las autoridades estadounidenses buscan inhabilitar al círculo cercano de las personas investigadas, como medida de presión o prevención. En el caso de la Gobernadora, se habían tomado inicialmente consideraciones por su investidura, pero todo cambió tras el hallazgo de posibles narcofosas en un predio en Tijuana, el 14 de abril.
" El 14 de abril —es decir, unos 15 días antes de que le retiren la visa a su esposo— se descubre en Tijuana, Baja California, un predio donde un detenido por narcomenudeo explica que ahí hay unas narcofosas; de hecho, dice que hay cerca de 20 personas enterradas de manera ilícita, y da información sobre quiénes son las personas que están ahí enterradas”, señaló Navarro.
Aseguró que aunque se encontraron seis cadáveres en dos etapas de excavación, el operativo fue frenado súbitamente por órdenes superiores. Navarro señaló que la Gobernadora ordenó suspender las búsquedas para evitar otro caso como el de Teuchitlán, Jalisco, con fuerte repercusión nacional e internacional.
" Se inicia una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Empieza una excavación, pero solamente en una zona y no en todo el predio, como lo hizo la denuncia del detenido por narcomenudeo. Localizan tres cuerpos en un primer momento, en un segundo momento otros tres, y de repente se detiene la exploración de la zona y ya no hay más elementos de la fiscalía, no hay más herramientas, no hay nada, y se cierra el lugar”, apuntó.
" Según lo que nos explican las autoridades de los Estados Unidos —y Zeta lo confirmó con miembros de la Mesa de Seguridad de Baja California—, cuando esto sucede ya había pasado lo de Teuchitlán, que fue una nota de mucho impacto nacional e internacional, y la Gobernadora frena estas excavaciones porque no quiere otro Teuchitlán en Baja California”, mencionó la periodista.
La Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, excolaboradora cercana de la mandataria cuando fue alcaldesa de Tijuana, habría obedecido esa instrucción directa.
" Esto lo consideran las autoridades de análisis de información del Departamento de Seguridad Interior y del Departamento de Estado, y definitivamente contribuye o influye para entonces sí revocarle la visa también a la Gobernadora por una cuestión de inseguridad en Tijuana”, detalló.
Adela Navarro también reveló que el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana fue instruido para notificar personalmente a la Gobernadora sobre la revocación de su visa. Se trató de una medida excepcional tomada en respeto a su cargo y para evitar que intentara cruzar la frontera sin autorización.
Con información de Aristegui Noticias
