Ayer lunes el Juzgado Primero de Distrito en Saltillo informó sobre un amparo indirecto presentado el 14 de mayo por un sujeto identificado en documentos como “Jesús Eduardo Sotomayor Hernández”, en el cual reclama su inclusión en una “lista de personas bloqueadas y sus consecuencias que derivan en la inmovilización de cuentas bancarias”.
Dicho en otras palabras: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le congeló su dinero. Acaso el único terror para un político en activo o en la banca.
El amparo fue admitido el día 16, y quedó registrado como expediente 668/2025. Si bien se le negó la suspensión provisional del acto reclamado (que le descongelen la marmaja, básicamente), se fijó como fecha el próximo 23 de mayo para resolver la vía incidental del procedimiento judicial, y el 11 de junio el asunto principal.
Lo curioso del tema, es que el nombre citado al inicio, “Jesús Eduardo”, corresponde a la mezcla de aquel que identifica a los hermanos abogados Jesús Gerardo y José Eduardo, de apellidos Sotomayor Hernández.
El primero es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila desde 2021, cargo con una duración de 15 años, y presidente de la institución desde 2022; el segundo fungió como notario público 85 de Torreón hasta el 17 de noviembre de 2023 (13 días antes de concluir el sexenio de Miguel Ángel Riquelme Solís), fecha en que la Dirección de Notarías de la Secretaría de Gobierno revocó su cargo como fedatario adjunto en ese Distrito.
Otra hermana de ellos, Érika, es la titular del fíat en la referida Notaría 85, y presidenta de la Barra de Abogadas de La Laguna. En su día se separó del cargo notarial provisionalmente para fungir como titular de la Unidad de Atención Ciudadana en el Municipio de Torreón a partir de 2022, durante la gestión inicial de Román Alberto Cepeda.
Los tres son hijos del ex magistrado y cronista de Torreón, Jesús Gerardo Sotomayor Garza.
Cabe señalar que no se trata de un homónimo ni de una persona ajena a la familia Sotomayor Hernández, como se pudo verificar. Es, en todo caso, un “error” deliberado en la lista para impedir la identificación plena del personaje.
Cortita y al pie
Ahora bien, probablemente usted no sabía que desde septiembre de 2017 hay un Tribunal de Justicia Administrativa en Coahuila. Y posiblemente tampoco sepa qué hace, o para qué sirve.
No se pierde de mucho ignorándolo, por no decir que no se pierde de nada. Su actividad pública es completamente prescindible. Su actuación es letra muerta. Se trata de un elefante blanco en edificio de cantera donde una burocracia cara tramita papeleos inútiles en un permanente trabajo de Sísifo. No sale de su zona de confort salvo para lo estrictamente necesario: dar un informe anual o acudir a sesiones del inoperante Sistema Estatal Anticorrupción, del cual forma parte.
Desde que la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene vigencia, es decir, el 18 de julio de 2017, la Auditoría Superior del Estado ha iniciado “n” cantidad de procesos de investigación, también conocidos como expedientes de presunta responsabilidad administrativa, de los cuales casi la generalidad concluyen sin sanción y prácticamente ninguno es turnado al Tribunal de Justicia Administrativa (pese a que este absorbe 55 millones de pesos cada ejercicio anual en promedio, destinado primordialmente a servicios personales).
Hay que decirlo con todas sus letras: simplemente simulan. Una posible respuesta del por qué no sirve, en palabras de la escritora Audre Lorde, es que “las herramientas del poder nunca servirán para desmantelar el poder”.
En su defensa dirán que no entendemos la función que desarrollan. Que sus atribuciones están mal entendidas. Que se trata de andamiaje, de construir redes, vinculación. Cualquier cosa que suene interesante, e implique disfrazar de actividad académica lo que no tiene ni tendrá resultados concretos. Justificar, por lo demás, su existencia material y hacernos creer que sí son útiles como depósito de presupuesto. Convencernos de que la remuneración mensual de seis dígitos que recibe cada miembro del organismo está plenamente desquitada.
La última y nos vamos
Sin embargo, caímos en una ironía: el justiciero administrativo de Coahuila fue alcanzado por la justicia administrativa federal.
El caso tiene mar de fondo. Basta una gugleadita superficial para saber vox populi a qué se dedican en La Laguna.
No por nada Inteligencia Financiera es el órgano administrativo encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero a partir de “operaciones sospechosas” por “indicios de actividad ilícita”.
