Julián de Jesús “N”, agente del Grupo de Reacción Torreón (GRT) de la Policía Municipal, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja en agravio de Rolando Medina, ejidatario de Nuevo Mieleras, tras un violento desalojo ocurrido el pasado 7 de abril en un predio en disputa. La resolución se dio tras una audiencia que se extendió por siete horas en el Centro de Justicia Penal de Torreón, donde el juez de control determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el imputado.
El caso ha generado indignación entre los habitantes de Nuevo Mieleras, quienes acusan a las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Román Alberto Cepeda, de abuso de poder y represión. Según testimonios de ejidatarios, el desalojo de 40 viviendas en un terreno de 99 hectáreas fue ejecutado con excesiva fuerza, resultando en la muerte de Medina, de 32 años, quien recibió un disparo en la pierna derecha que le causó la muerte minutos después.
La defensa del agente argumentó que actuó en cumplimiento de sus funciones y solicitó reclasificar el delito a homicidio culposo, alegando que no hubo intención de matar, sino una reacción ante supuestos ataques con machetes, palos y piedras por parte de los ejidatarios.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a cargo de Federico Fernández Montañez, ha abierto nueve carpetas de investigación relacionadas con el caso, incluyendo denuncias por agresiones a manifestantes y periodistas durante protestas posteriores exigiendo justicia para Medina.
El 9 de abril, una manifestación en el Periférico Raúl López Sánchez fue disuelta violentamente por el GRT, dejando al menos tres detenidos, entre ellos una mujer identificada como Esmeralda. Organizaciones como Article 19 y Cimac han condenado las agresiones contra la prensa, exigiendo garantías para la libertad de expresión.
El alcalde Román Cepeda ha defendido la actuación policial, asegurando que el desalojo respondía a una orden judicial y que el agente detenido cuenta con el respaldo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas calificó los hechos como “lamentables” y prometió que se llegará “hasta las últimas consecuencias” en las investigaciones.
