Por: Agencia Reforma
Monterrey, NL.- Desde la cárcel, Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, presentó una demanda judicial para impedir que un inmueble de su propiedad pase a formar parte de los bienes que eventualmente serán rematados para pagarle a los ahorradores defraudados.
Se trata del departamento 23 del Condominio 4, ubicado en el Edificio C de la Calle Nochebuena, en el Fraccionamiento Jardines de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.
Ruth Haggi Huerta, Juez Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, en la Ciudad de México, admitió el amparo del empresario contra el traspaso de este bien al patrimonio o masa concursal que previsiblemente será empleada para pagar a los acreedores.
La demanda, en un primer momento, la tramitó un juzgado del Estado de México, el cual concedió la suspensión definitiva, aunque se desconocen sus alcances porque no es pública la resolución. Dicho juzgado se declaró incompetente y turnó el amparo a Huerta.
Según registros judiciales, Olvera Amezcua manifestó que el 12 de marzo de 2024, la FGR, el Ejército y la Marina ejecutaron en el Fraccionamiento una orden del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil, para traspasar el departamento al conjunto de bienes que son parte del juicio de concurso mercantil.
Reclama que esta determinación fue dictada sin haber un juicio o convenio alguno de por medio, para entregar la propiedad de dicho inmueble.
Ficrea fue intervenida en noviembre de 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, luego de ser denunciado un presunto fraude en perjuicio de más de 6 mil ahorradores.
Poco después, Olvera Amezcua huyó del País y durante los años siguientes acumuló cuando menos seis órdenes de aprehensión por presuntos fraudes y lavado de hasta 7 mil 500 millones de pesos.
El 29 de mayo de 2019, el dueño de Ficrea fue detenido en su casa de San Antonio, Texas, y el 2 de marzo de 2022 fue deportado a México, luego de que le negaran el asilo.
Desde entonces, se encuentra preso en el Reclusorio Sur de la CDMX, sujeto a procesos penales por delitos de lavado, delincuencia organizada y defraudación fiscal, entre otros.
En 2015 se inició el concurso mercantil de la sociedad financiera popular (Sofipo) y en el juicio se han reunido bienes con un valor de 7 mil 300 millones de pesos para liquidar los adeudos con los ahorradores.
