Los datos fiscales de una sociedad civil denominada, Jurídica Integral, Grupo Soluciona, domiciliada en un modesto taller de enderezado y pintura automotriz ubicado en una zona de alta marginación en Lerdo, Durango, sirvieron al Ayuntamiento de Torreón, encabezado por Román Alberto Cepeda, para facturar y desviar 5 millones 924 mil pesos en dos exhibiciones: una el 27 de diciembre de 2023, a escasas horas de terminar el ejercicio anual, y otra el 3 de octubre de 2024, ya con la reelección en la bolsa; la primera por 3 millones 434 mil pesos y la segunda por 2 millones 490 mil.
Registrada en el Padrón de Proveedores del Municipio de Torreón como prestador de “servicios de contabilidad y auditoría”, desde noviembre de 2022, la referida persona moral, constituida el 10 de febrero de 2017, es representada por José Antonio Quintero Espino, abogado de profesión.
Este, a su vez, es hermano de María Guadalupe (con los mismos apellidos) dedicada a la contabilidad, quien es socia de las empresas, Estrategias de Dirección, S.C. de R.L. de C.V., y Sinergia Administración y Servicios, S.A. de C.V., creadas en la Perla de La Laguna en 2006 y 2009 respectivamente.
Y aquí viene lo interesante. En la primera sociedad mercantil, cuyo objeto social es “otorgar servicios profesionales en asuntos financieros, contables, administrativos, mercantiles y fiscales a los sectores público y privado”, Quintero Espino comparte acciones con Óscar Gerardo Luján Fernández, tesorero en la Administración municipal de Torreón, quien funge como gerente y presidente del consejo de vigilancia.
Más fácil: el funcionario público, desde Tesorería, paga las dos facturas millonarias, una por año, a la razón social que indirectamente y vía un segundo grado de separación favorece a sí mismo. A río revuelto, así se cierra el círculo.
Un ejercicio habitual de la gestión, por lo demás.
El 4 de febrero de 2024 se publicó, Lavandería Torreón: Las Afiliadas al Seguro Popular que facturan millones en Tiempos de Román Cepeda. En aquél caso, como ahora, el mecanismo para desviar dinero público se repite: desde Tesorería pagan comprobantes fiscales a favor de razones sociales creadas para la facturación, o facilitadoras de esta, sin que la Administración reciba un bien o servicio a cambio.
Entonces, fue usada la razón social Carta Analítica, S.A. de C.V., constituida el 4 de mayo de 2021 en Torreón, aunque con domicilio fiscal en Gómez Palacio, Durango.
Curiosamente, el Ayuntamiento de la Perla de La Laguna es el único ente público ante el cual se ha inscrito Carta Analítica en su padrón de proveedores y contratistas. Lo mismo sucede con Jurídica Integral, Grupo Soluciona, S.C. No existen antecedentes de negocios ni contratación en Coahuila ni fuera de la entidad.
Son, por así decirlo, “clientes” exclusivos de la Contraloría de Torreón. Y si bien en la información pública de oficio correspondiente a la gestión 2022-2024 no aparecen contrataciones ni por adjudicación directa ni por licitación pública con Jurídica Integral, Grupo Soluciona, ni con Carta Analítica, en la facturación del Municipio, sí figuran los documentos pagados a su favor, usando los datos fiscales, mismos que fueron verificados por separado en el Servicio de Administración Tributaria.
Como se difundió en su día, el 17 de marzo de 2023, la sociedad mercantil extendió un comprobante fiscal por 1 millón 800 mil pesos más IVA, es decir, un total de 2 millones 88 mil pesos; y el 11 de julio, a su vez, facturó 458 mil 200 pesos ya con el Impuesto al Valor Agregado.
Un total de 2 millones 546 mil 200 pesos en un periodo de cuatro meses. Y lo más importante: sin un trabajo específico desempeñado al Municipio una vez más.
El tesorero del Municipio, Óscar Gerardo Luján Fernández, es dueño además de Conceptos Humanos, S.A. de C.V., CLG Servicios Integrales Administrativos, S.A. de C.V., Promotora y Desarrolladora Oro, S.A. de C.V., Corporativo Morlu, S.A. de C.V., Mármoles Cantera, S. de R.L. de C.V., e Imagen Corporativa de Los Cabos, S.C. de R.L. de C.V., enfocadas en la prestación de servicios contables y fiscales, además de la compraventa de inmuebles.
Por lo demás, el modus operandi supone la doble contabilidad que practica la Presidencia de Cepeda González: la que se muestra mediante información pública de oficio categorizada en su portal oficial, cuando lo hace y no ha sido bloqueada por completo –como actualmente se halla desde la semana pasada– y la que definitivamente no es exhibida de ninguna manera, como ha sido evidenciado aquí en múltiples ocasiones.
¿Y la Contraloría Municipal? ¿Y la Auditoría Superior del Estado? ¿Y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila?
¿Qué hacen?
