El juicio en Miami estaba programado para el 13 de enero. En ese momento, los abogados que representan al Gobierno de México llevaban casi cuatro años recolectando pruebas, rastreando envíos de dinero, incautando y vendiendo propiedades. Habían entrevistado a los empleados en Miami de Genaro García Luna, su esposa y sus socios, Samuel y Alexis Weinberg. Habían tomado declaración a los principales demandados, a sus colaboradores cercanos. Parecían listos para pelear en juicio cientos de millones de dólares que, decía el Gobierno mexicano, García Luna y sus socios se robaron del erario. Pero el juicio no sucedió.
En cambio, en diciembre pasado, los abogados de los Weinberg anunciaron a la jueza en Miami que las partes estaban negociando y necesitaban que se autorizaran algunos permisos en unos casos criminales antes de terminar un acuerdo. Ese juicio, dijo el abogado de los Weinberg, era parte de “una resolución mayor”. La defensa de los Weinberg anunció que estaban negociando, que buscaban una “solución integral” y que ésta involucraba “procedimientos penales” en otros países. La jueza Lisa Walsh, en Miami, les concedió tres meses de plazo. El juicio comenzaría entonces el 28 de abril.
Viajé a Miami unos días antes de esa fecha. No quería perderme un minuto del proceso legal donde se iba a demostrar, creía yo, lo que he investigado desde 2012 y publiqué en mi libro Los millonarios de la guerra: que García Luna y sus socios armaron un entramado de empresas en Miami y gastaron allí millones de dólares que consiguieron en México, en contratos de Gobierno. Invirtieron el dinero en coches, relojes, casas, apartamentos y hasta un avión. El juicio programado para abril tampoco ocurrió. La defensa de los Weinberg anunció discretamente que seguían negociando un acuerdo.
Un día antes de ese juicio que no comenzó hubo una sentencia en firme contra Francisco Niembro, un excolaborador de García Luna en el Gobierno de Felipe Calderón. La jueza determinó que Niembro debe pagar 330 mil dólares por haber participado en el esquema de corrupción. Y esa misma semana, la jueza convocó a una audiencia pública.
La cita era este jueves, 22 de mayo, a las 9:30 de la mañana. Debían comparecer García Luna, preso en una cárcel en Virginia, y su esposa, Cristina Pereyra, quien tiene dirección en Alexandria, no lejos de allí. Poco antes de la audiencia, los abogados del Gobierno mexicano informaron a la jueza Lisa Walsh, como consta en el expediente público, que habían logrado demostrar que García Luna participó en un esquema para robar al menos 249 millones de dólares del Gobierno mexicano y su esposa, Cristina Pereyra, 580 millones. Pidieron que dictara sentencia.
Y la jueza lo hizo, este mismo jueves. Su consideración fue aún más grave. Dictó sentencia siguiendo la Ley RICO (por sus siglas en inglés), una legislación de EU sobre lavado de dinero y crimen organizado. Tomando en cuenta esta ley, la jueza sentenció a García Luna y a su esposa a pagar el triple de lo que se había demostrado que se robaron, es decir, 2 mil 488 millones de dólares (casi 50 mil millones de pesos). Para hacerse una idea de cuánto dinero es esto, equivale a poco menos del presupuesto de toda la UNAM que aporta el Gobierno federal para el año 2025.
Hasta donde he podido investigar, ni García Luna ni su esposa tienen estas cantidades de dinero. Pero la sentencia importa porque ahora los abogados del Gobierno mexicano pueden ir detrás de cada centavo que hayan tenido alguna vez, en cualquier lugar del mundo, y que tengan, en un futuro, durante décadas.
Es decir, si mañana García Luna o su esposa se ganan la lotería, el Gobierno puede ir también por ese dinero. A diferencia de los juicios criminales, donde una medida como esta es retroactiva, en un caso civil, como el de Miami, la medida es proactiva; pueden cobrar sobre dinero que tengan ahora o en el futuro.
Hasta ahora, dicen las autoridades, 2.8 millones de dólares han vuelto a México gracias a este caso. Veremos cuánto más logran cobrar. Mientras tanto, esta sentencia es un mensaje poderoso: demuestra que no importa cuán sofisticado sea el esquema para ocultar el dinero; si se investiga realmente, los gobiernos de México y la región tienen un mecanismo legal para pelear y ganar estos casos en cortes civiles de Estados Unidos.
